5 estados de Estados Unidos han aprobado leyes que obligan a los beneficiarios de la asistencia social a someterse a pruebas de detección de drogas. Los defensores sostienen que las pruebas evitarán que los fondos públicos se utilicen para subvencionar los hábitos de consumo de drogas y ayudarán a conseguir tratamiento para los adictos a las drogas. Los que se oponen argumentan que es un despilfarro de dinero, ya que las pruebas costarán más dinero del que ahorran.
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